La desaparición de los jueces de paz afectaría negativamente a la ciudadanía y supondría la pérdida del patrimonio histórico, como son los legajos del Registro Civil en los que queda reflejada durante siglos la vida social y la evolución demográfica de la población. Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola.
El consejero señaló que si bien es cierto que el mapa judicial que contempla la Ley de Demarcación y Planta Judicial no se corresponde con la realidad actual del país, se deben tener en cuenta las competencias y opinión de las comunidades autónomas, las especificidades regionales o el mantenimiento de las audiencias provinciales y los juzgados de paz.
En su opinión, el planteamiento del Ministerio de Justicia con su reforma de la Ley pone en "serio riesgo" la pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural, pero advierte que afectará también al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia. "Esto conllevará la desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones, convirtiéndolos en poco más que sedes administrativas", indicó.
