El Consejo de Estado ha advertido de que la supresión de las faltas del nuevo Código Penal puede generar un "efecto multiplicador" de los recursos movilizados por el Estado en la vía civil y administrativa para dar respuesta a las conductas que allí se trasladen, así como en los "costes" que soporta el ciudadano.
Así figura en el dictamen que el Consejo de Estado emitió respecto al anteproyecto de ley del Código Penal impulsado por el Ministerio de Justicia, y que ya ha sido remitido como proyecto al Congreso de los Diputados para iniciar su andadura parlamentaria.
En lo que respecta a la supresión de las faltas, el Consejo de Estado avisa de que despenalizar algunas conductas mediante su remisión a la vía civil o administrativa "no supone necesariamente un ahorro de medios", sino un "traslado de una carga de un ámbito a otros". "La reducción de la carga o la supuesta agilización sería más aparente que real, pudiendo producirse incluso un aumento de los recursos destinados a la imposición de las sanciones correspondientes", añade.
