Las reformas son necesarias, matiza Carmen Romero, del sindicato STAJ y presidente de la junta de personal de Ciudad Real, pero dentro de un orden. Lo normal es que el ministerio abra comisiones y en esas estén todos los operadores jurídicos representados, abogados, procuradores, jueces, fiscales..., eso sería lo normal y no lo que se está haciendo. Nos oponemos a que a los procuradores se les dé capacidades de ejecutorias por ejemplo de embargos o desahucios, funciones que tienen los funcionarios de auxilio y en general todos los empleados públicos de los servicios comunes.
Nos negamos rotundamente a que el Registro Civil se quede en manos de los registradores de la propiedad. En el Registro Civil se dan certificaciones relativas a la persona. Tenemos una ley de protección de datos que incluso por un solo papel que vaya dónde no tiene que ir puede haber responsabilidades. No se puede dejar el registro en manos de personal contratado, como han dicho los notarios esto atentaría contra la seguridad jurídica y nos oponemos a que se amorticen plazas en Justicia. Nuestra postura es que al final y que pase lo que pase siga siendo un servicio atendido por funcionarios, independientemente de que se externalice.
