La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a llamarse Código Procesal Penal, podría incluir un periodo de ‘vacatio legis’ de tres años, lo que retrasaría su entrada en vigor una vez que se apruebe el texto definitivo. La redacción actual, elaborada por una comisión de expertos y que aún no ha asumido como propia el Ministerio de Justicia, no contempla todavía esta medida, que sí incluía el anteproyecto de reforma de esta normativa que planteó el ministro anterior, Francisco Caamaño, pero que no llegó a ver la luz.
Según planteó el presidente de la comisión de expertos que ha redactado la reforma, el magistrado Manuel Marchena, en una ponencia en el Congreso del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, "tres años sería un plazo razonable" para poner en marcha todo un nuevo sistema en el que el fiscal pasa a hacerse cargo de la investigación.
El presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, apuntó en este sentido, que incluso es posible que este plazo se quede corto, teniendo en cuenta el elemento organizativo necesario para la remodelación inmensa de la regulación de Justicia que se está produciendo.
El presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, apuntó en este sentido, que incluso es posible que este plazo se quede corto, teniendo en cuenta el elemento organizativo necesario para la remodelación inmensa de la regulación de Justicia que se está produciendo.