La Asamblea General de la FBE califica de “totalmente desproporcionadas” unas tasas establecidas con carácter generalizado para iniciar acciones judiciales y plantear recursos. La institución que agrupa a más de 800.000 abogados europeos considera que dicho tributo “supone una clara limitación al acceso a la Justicia haciendo inviable la tutela judicial efectiva consagrada tanto en la Constitución española como en los tratados internacionales”.
La FBE lamenta que la imposición de tasas judiciales ya esté ocasionando “claros y reales perjuicios a los ciudadanos” que, ante su elevada cuantía, están decidiendo desistir a iniciar acciones o no continuar con las ya promovidas, renunciando con ello a legítimos derechos. También solicita al Gobierno español que reconsidere dicha normativa, dejándola sin efecto, en la medida que está suponiendo una vulneración de derechos constitucionales de los ciudadanos.
