La falta de espacio y estanterías obliga a algunos juzgados, como el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Alicante, a tener que colocar los expedientes en el suelo del pasillo que da a la calle.
La Agencia de Protección de Datos tiene obligación de velar por el tratamiento de datos que hacen las Administraciones Públicas, teniendo capacidad de multa en caso necesario. Entendiendo el STAJ que pueden existir indicios de que la falta de infraestructuras en la que incurre la DGJ de la Comunidad Valenciana puede estar suponiendo el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), y que puede constituir, cuanto menos, una infracción administrativa, ha presentado denuncia solicitando la solución al problema urgente y la imposición de multa en su caso.
