Para estos empleados públicos el proyecto de privatización del Registro Civil es "un ejemplo de cómo dilapidar dinero público", ya que, según han manifestado, después de haberse gastado en los últimos años "casi 130 millones de euros en informatizar y escanear los vetustos libros registrales de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas de todos y cada uno de los Registros Civiles de hasta el más remoto pueblo del estado español, ahora se pretende regalar todo ese esfuerzo de las arcas pública a los intereses privados".
A su juicio, no se debe olvidar que el Registro Civil "es sólo un ejemplo de la política privatizadora de las administraciones públicas en general, y de la Administración de Justicia, en particular", que se une a la ley de tasas, el "endurecimiento" de los requisitos para acceder a la Justicia gratuita, la "privatización" de los servicios de notificaciones y ejecución, el "alejamiento" de la Justicia de la ciudadanía con el "proyecto de desaparición" de los Juzgados de Paz o la reducción de partidos judiciales.
