La propuesta de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones ejercer la acusación popular es criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que, en algunos casos, se personan en delitos de corrupción.
Ven en la medida un intento por “controlar” asuntos seguidos contra “poderosos”, políticos y banqueros que deja “totalmente indefensa” a la sociedad civil y “aniquila” un derecho consagrado en la Constitución.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, con esta propuesta la “gran mayoría” de procesos de corrupción “no se hubieran destapado” ya que la Fiscalía, en algunos casos, no ha querido actuar. “Han seguido adelante gracias a las acciones populares”, ha añadido.
