Los sindicatos denuncian que las reformas que está impulsando el Ministerio de Justicia ponen en peligro 12.000 puestos de trabajo del personal de esta Administración, en la que podrían ser suprimidos cerca del 26% de los puestos de trabajo.
Asimismo, se impone la movilidad forzosa con reordenaciones de efectivos masivas, así como la devaluación del concepto de funcionario público de Justicia que puede conducir a la desaparición de algunos cuerpos a los que se vacía de competencias para regalarlas a determinados colectivos profesionales.
