Cuando hace dos meses el Tribunal Constitucional de Portugal declaró ilegal la supresión de la paga extra a sus funcionarios se especuló con que también en España esa medida podría ser tumbada. En parte así ha sido: varios juzgados y tribunales españoles han emitido en las últimas semanas fallos que obligan a administraciones regionales a devolver a sus empleados parte de la paga extra del mes de diciembre de 2012 que el Ejecutivo suprimió.
Los jueces coinciden en dar la razón tanto al personal laboral público como a funcionarios alegando que el real decreto por el cual el Gobierno suprimió el pasado verano la paga extra de Navidad es una norma «no favorable y restrictiva de los derechos para el trabajador, por lo que no se puede aplicar con carácter retroactivo».
Y es que la clave radica en que la norma entró en vigor el 15 de julio, cuando los empleados ya habían devengado entre 14 y 44 días de la paga, pues su derecho de cobro se genera del 1 de junio al 30 de noviembre (funcionarios) y anualmente en el caso del personal laboral. Los jueces obligan así a devolver las cuantías a las que ya tenían derecho.
