Desde hace unos meses el ministro Gallardón está embarcado en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de Justicia como servicio público y su posterior privatización por partes en favor de determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los ciudadanos.
En esta estrategia tiene un papel destacado el desprecio al personal de la Administración de Justicia que somos quienes mantenemos las puertas abiertas de los juzgados todos los días y quienes vamos a ser directamente afectados por esas "reformas". El Ministerio de Justicia desoye la voz de los trabajadores y trabajadoras de Justicia a quienes veladamente culpa de la situación de la Administración de Justicia.
El debilitamiento de la Administración de Justicia se consigue negándole los medios que precisa para realizar su trabajo. Así, denunciamos la ridícula oferta de empleo público de los dos últimos años. Asimismo, denunciamos el caos informático existente con hasta ocho programas de gestión distintos en función de quien tenga la competencia, algunos de ellos claramente obsoletos, incompatibles y que no sirven para nada. De ambas cuestiones es responsable directo el Ministerio de Justicia, así como las CCAA con competencias que lo apoyan.
