El ministro de Justicia se ha opuesto ante sus homólogos europeos a que las comunicaciones entre abogado y cliente puedan ser intervenidas por la Policía, Fiscalía u otras autoridades sin autorización judicial. Esta posibilidad, incluida en una directiva sobre asistencia letrada discutida en Luxemburgo, no solo es contraria a lo que establece la ley en España sino que puede "incluso vulnerar derechos fundamentales", ha argumentado Alberto Ruiz-Gallardón.
En este sentido, el ministro de Justicia español ha hecho hincapié en que "cualquier progreso que la Unión Europea sea capaz de hacer" debe mantener el equilibrio "que distingue a Europa como un espacio de libertad, de seguridad y justicia, en donde la investigación del delito se acompaña de un repertorio de garantías suficientes para el individuo, las cuales quedan protegidas, en última instancia, por la tutela judicial".
