Ante el estancamiento del mercado de la vivienda, el Gobierno quiere relanzar el alquiler. Para ello se plantea, entre otras cosas, la creación de un registro público de inquilinos morosos para fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler. La elaboración de este listado busca «impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos», según se explica en el «Programa Nacional de Reformas de 2012», remitido por el Gobierno a la Comisión Europea. Este plan supondrá la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
