El pasado año por estas fechas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, José Luis Concepción, lanzaba la voz de alarma sobre la negativa influencia que estaba generando la Oficina Judicial sobre el funcionamiento de los juzgados. La semana pasada, durante la presentación de la memoria judicial de 2011, recordó que el nuevo modelo de gestión judicial ha creado «importantes problemas estructurales» más de 18 meses después de su puesta en marcha. Y ello, remarcó, a pesar de que en Burgos se reforzó la plantilla con 30 funcionarios.
Los datos aportados por Concepción indican que en Burgos ha habido un incremento de los asuntos pendientes en todos los juzgados civiles, así como «un notable descenso de los asuntos resueltos». En la jurisdicción Civil se resolvieron 600 asuntos menos que en 2010, y hubo un descenso de los señalamientos como consecuencia del «anormal funcionamiento» de la Oficina Judicial. Además, se dictaron 213 sentencias menos y las ejecuciones pendientes han aumentado al pasar de las 5.600 de hace dos años a las 7.062 del año anterior.
Los juzgados de Instrucción, que desde la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial cuentan con la mitad de plantilla, también han aumentado el número de casos pendientes de resolución.
