Los magistrados preguntan al Alto Tribunal si la norma conculca cuatro artículos de la Carta Magna. En concreto, el precepto que garantiza la tutela judicial efectiva en el artículo 24.1, la igualdad de los españoles amparada en el 14, la promoción de las condiciones de igualdad contemplada en el 9.2 y el artículo 31.1 referido al sostenimiento de los gastos públicos.
La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro "ciertos límites y procedimientos y circunstancias", es "perfectamente" constitucional, pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a los tribunales.
