Entre las medidas que se proponen está fortalecer la independencia judicial frente a graves perturbaciones provenientes del exterior, como las presiones que pueden suscitarse en procesos en los que están involucradas personas de relevancia pública.
Para ello, se regula que el CGPJ pueda emitir una orden de cesación de la conducta perturbadora cuya desobediencia sería constitutiva de delito contra la Administración de Justicia. En el otro lado de la balanza, la reforma impone a los jueces un deber de abstenerse de hacer valoraciones de actualidad sobre asuntos pendientes y sobre resoluciones judiciales.
Otra medida que introducirá la reforma es suprimir la responsabilidad civil directa del juez, algo que era visto como una anomalía en un ordenamiento jurídico como el español, que ha eliminado la responsabilidad civil directa de las demás autoridades y empleados públicos.
