El Tribunal Constitucional de Portugal consideró ilegal la ley que facilita la salida de funcionarios por violar la garantía del empleo y el principio de confianza, y fuerza así al Gobierno a buscar otra alternativa de ahorro para reducir el peso de los funcionarios, como pide la troika. La norma, aprobada en el Parlamento a finales de julio, fue examinada por el alto tribunal luso a instancias del presidente del país, quien dudó de su legalidad.
Este es el segundo revés del Constitucional portugués a leyes del Gobierno de Pedro Passos Coelho durante este año después de que en abril considerase ilegales varias medidas de corte -entre ellas una bajada de salarios a los funcionarios y pensionistas- que forzó a buscar medidas adicionales de ahorro por 1.300 millones de euros.
