Estas son algunas de las conclusiones contenidas en el informe "Infancia y justicia: una cuestión de derechos" en el que la ONG Save the Children pide al Gobierno dotar de los recursos necesarios a los órganos de la Administración de Justicia para la adecuación del número de fiscales, personal técnico y abogados asignados a la defensa de menores de edad.
Además, solicita propiciar la suficiencia de los medios materiales de que disponen los juzgados y tribunales para garantizar un tratamiento adecuado a los niños. "En el contexto económico y político actual en España no resulta atractivo pedir una mayor inversión en Justicia, pero es urgente hacerlo", advierte la responsable de incidencia políticas de la ONG, Yolanda Román.
