La carrera judicial ha logrado dar la vuelta a la tortilla al ponerse al frente del movimiento social que exige la reforma de la ley hipotecaria que permite que miles de familias pierdan sus casas por la crisis económica. De ser los profesionales peor valorados el pasado mes de junio, según la encuesta del CIS, ahora se les mira con otros ojos pues también abanderan el rechazo a la nueva ley de tasas que expulsa de la administración de justicia a los más débiles.