La polémica reforma de la Ley de tasas judiciales, que eleva notablemente la cuantía de estas, tendrá una ventaja para el Gobierno: el ahorro que le supondrá no tener que devolver el importe de algunas multas de tráfico que hasta ahora los ciudadanos reclamaban en vía Contencioso Administrativa.
Así lo asegura la empresa de recursos de multas DVuelta, que calcula que el Ejecutivo dejará de pagar decenas de millones de euros por este concepto, ya que serán muchos los españoles que no pleiteen puesto que para recurrir una multa de 100 euros hay que pagar 200 en tasas. La empresa acusa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de haber hecho “una ley la que el Estado es juez y parte”. “Esa no es la manera de desatascar los juzgados”, añade un portavoz de DVuelta, que considera que el fin de la norma es “meramente recaudatorio”.
