La memoria de 2011 se hizo pública dos días después de la toma de posesión de Moliner y en ella el Poder Judicial trasladaba al Gobierno y a las Cortes la necesidad de culminar las reformas previstas para modernizar la Justicia, entre las que se incluyen la revisión de la ley de Demarcación y Planta o la nueva regulación del proceso penal.
Incidía además en que para reducir la litigiosidad es necesario revisar el modelo de demarcación, impulsar la implantación de la nueva oficina judicial y aprobar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que regulará el proceso penal.
Incidía además en que para reducir la litigiosidad es necesario revisar el modelo de demarcación, impulsar la implantación de la nueva oficina judicial y aprobar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que regulará el proceso penal.
