Hecha la ley, hecha la trampa. Este dicho se podría aplicar a la perfección a la financiación de los partidos políticos en España, con la ventaja añadida de que, en este caso, son estas mismas formaciones las encargadas de regular por ley su propia contabilidad, lo cual facilita aún más su incumplimiento, tal y como muestra el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre los estados contables de los partidos políticos y sus fundaciones asociadas, correspondiente a 2007. Los recursos de las formaciones políticas proceden, básicamente, de tres fuentes: Financiación privada, préstamos y subvenciones públicas.
Subvenciones públicas: para gastos electorales, de funcionamiento, propaganda y seguridad, en base al número de escaños y votos conseguidos en las últimas elecciones, tanto a nivel estatal como autonómico. En 2007, percibieron por estos conceptos algo más de 281 millones de euros. En concreto, 209 millones para su funcionamiento ordinario, unos 62 millones en subvenciones electorales y 9 millones a los partidos andaluces para divulgar la reforma de su Estatuto de Autonomía.
