La asociación profesional Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado la inminente "privatización del Registro Civil, que va a perjudicar a la mayoría de la población y va a beneficiar" a registradores y notarios, que aprovecharán una inversión pública en estas oficinas de 128 millones de euros.
El Ministerio de Justicia trabaja en un texto en el que figura que el Registro Civil quedará en manos de los registradores, que son funcionarios públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por ello. Según Justicia, el texto prevé que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, "seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos".
De esta manera el ministerio de Justicia confirmaría la privatización de la institución, según ha informado el diario El Mundo, quien cifra la aportación del Colegio profesional en 300 millones de euros. Esta adjudicación se les hace directamente a los mismos sin ser sacada a concurso público.
