Aunque los registradores de la propiedad son funcionarios públicos, no cobran de los presupuestos del Estado sino que sus ingresos provienen de unos aranceles que cobran a quien solicita sus servicios. “Este sistema ha provocado múltiples abusos por parte de los registradores de la propiedad, ya que son ellos mismos los que interpretan las normas que regulan sus ingresos. Dicha interpretación siempre es a su favor y en contra de los intereses del consumidor, que a menudo acaba pagando más de lo que corresponde”, denuncia la OCU.
Una prueba de esto son los análisis de minutas realizados, en los que se ha comprobado que en muchas ocasiones los registradores cobran más de lo debido. El caso más reciente es el cobro excesivo en las cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007, denunciado en septiembre de 2011. Tras revisar minutas notariales y registrales se comprobó que tanto notarios como registradores estaban cobrando de más a los usuarios. En el caso de los registradores, el importe establecido en el arancel ascendía a 24 euros, pero los registradores estaban cobrando de media más de 140 euros.
La OCU denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia, y ambos los han respaldado. “Estamos totalmente en contra de que las funciones Registro Civil pasen a manos de los registradores de la propiedad y consideramos que los servicios prestados, al ser de carácter obligatorio para el ciudadano, deben seguir siendo gratuitos”, concluye la organización.
