El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado la tramitación de una nueva Ley de mediación y jurisdicción voluntaria, que permitirá a los notarios tramitar bodas civiles y conceder divorcios de mutuo acuerdo. Por lo general, los profesionales del derecho están de acuerdo acerca de retirar competencias a los jueces. La controversia surge acerca de quién debe tramitar cada proceso.
El anuncio del ministro de Justicia ha sido muy bien acogido por los notarios. La alegría es palpable entre ellos, ya que las nuevas competencias ayudarán a paliar la crisis que vive este colectivo. Una crisis que como en otros sectores tiene mucho que ver con la burbuja inmobiliaria. Puesto que gran parte de los ingresos de los notarios españoles proviene de la firma de las hipotecas y demás asuntos relacionados con el ámbito mercantil, no es de extrañar el daño que le está haciendo la crisis a este sector y la buena acogida del anuncio del ministro.
Desde la Abogacía, defienden su papel en los casos de matrimonios y divorcios que llegan a los juzgados, poniendo de relieve la posibilidad de que "notarios, registradores, a lo mejor algún otro funcionario público y por qué no algunos abogados puedan contribuir a resolver lo que en principio no figuran como conflictos, sino problemas que hay que resolver jurídicamente de otra forma", y de paso, pidiendo ampliar sus competencias.
En cuanto oyeron la noticia, los secretarios judiciales levantaron también la mano y se mostraron dispuestos a asumir la gestión de bodas y divorcios de mutuo acuerdo “con coste cero para la ciudadanía”. “Disponemos de personal capacitado y estamos dispuestos a ello”, aseguran.
Falta aún por decidir muchos detalles acerca de la futura normativa y su coste, que podría oscilar entre 150 y 300 euros para las bodas y hasta 500 euros para los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores. Lo cierto es que desde el año 2000, el número de enlaces civiles ha ido en aumento en detrimento de los matrimonios religiosos. STAJ advertía ya el año pasado en la Comunidad de Madrid a la Consejería de Justicia de que si se amplían los horarios para atender el servicio, habría que aumentar la plantilla, poner más medios y pagar horas extras a los oficiantes.
