La Junta de Castilla y León ha firmado ayer con los profesionales vinculados con la Justicia el documento conocido como "Pacto por la Justicia", que fija la posición de la Comunidad ante el traspaso de competencias en este materia, sin la rúbrica de los sindicatos y en una situación económica desfavorable para acometer la transferencia.
El documento de siete páginas que el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, planteará el próximo 20 de febrero al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, establece treinta millones de euros más de los que propone el Gobierno de la nación y cinco cláusulas de garantía, como condiciones mínimas para asumir las competencias en esta materia.
De Santiago-Juárez ha concretado que el día 31 de enero mantuvo la última reunión con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STAJ, que finalmente han decidido no rubricar el documento, una ausencia que ha lamentado al señalar que le "hubiese gustado que lo hubieran firmado". El consejero ha recalcado que sindicatos como UGT o STAJ no son contrarios al contenido del documento pero lo consideran "una cuestión política", entienden que el texto urge a la transferencia de las competencias o creían que faltaban cuestiones relativas al futuro del personal.
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