La Oficina Judicial, el proyecto estrella vendido a bombo y platillo por los ministros de Zapatero para mejorar, agilizar y digitalizar los juzgados, está siendo un fiasco total según fuentes del Poder Judicial. Un plan en el que el ex ministro Caamaño hipotecó 400 millones de euros y que, a día de hoy, no funciona por falta de previsión y por la precipitación en implantarlo sin los necesarios estudios previos.
Se pretendió que fuera el gran avance judicial. Borrón y cuenta nueva. Sin embargo, las prisas apuraron. Por unas u otras razones, Caamaño quiso hacerse la fotografía de la implantación de la Oficina Judicial y se decidió instalar con las pruebas piloto sin verificar.
La principal inversión del departamento de Justicia resultó tirada a la basura por un problema de base, ya que intentaron implantar un ambicioso sistema informático sin desarrollar el expediente digital, piedra angular del servicio. Al poco de iniciar la implantación, los errores comenzaron a brotar. A raíz de estos problemas de base lo que se hizo fue parchear, buscar soluciones en los casos concretos que arreglan el fallo concreto pero no el sistema general.
Burgos ha sido el claro ejemplo del fracaso. Estos problemas se repitieron en Murcia y Cáceres, con un mal funcionamiento del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, servicio que tiene el dudoso honor de ser el que más problemas ha generado. Abogados, procuradores, funcionarios y sindicatos coinciden que la Oficina Judicial ha supuesto en líneas generales mayor caos y desorden.