Hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta, ni afirmativa ni negativa, a la reclamación que realizamos hace ya cinco meses. Dado que la Consejería continúa obligando a los funcionarios a utilizar sus claves privadas o a obtenerlas si no las tuvieran, STAJ ha procedido a formalizar denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos el pasado día 2 de octubre, pues consideramos que al obligar a los funcionarios a usar su clave privada, se está vulnerando su derecho a la privacidad de sus datos de carácter personal. Además, hemos reiterado a la Consejería los escritos presentados en mayo.
Tras la denuncia interpuesta por STAJ ante la AEPD, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal nos comunica que ha trasladado nuestra petición a la Dirección General de Infraestructuras, competente para resolver esta cuestión. En cuanto tengamos alguna respuesta informaremos debidamente.
