La dotación presupuestaria que recibirá la política de Justicia el próximo año se situará en 1.501,75 millones de euros, lo que representa un incremento del 1% respecto al año anterior. Aumenta el gasto dedicado a la justicia gratuita, mientras se mantiene el destinado a los Registros y la asistencia a víctimas de delitos.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015 calcula que la política de Justicia pasa de contar con 1.486,87 millones a 1.501,75 millones de euros, lo que supone un montante de 15,6 millones de euros más, un leve incremento que no ayuda a modificar nada de los frentes urgentes en los que se encuentra inmersa nuestra administración de justicia.
La participación del Ministerio de Justicia para desarrollar esta política, que incluye el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza a 1.446,87 millones de euros y la dotación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que lo haga disminuye de 57,96 a 54,88 millones de euros. El dinero que el Estado transferirá a instaurar las nuevas tecnologías en los juzgados pasa de 43,3 millones de euros a 59,3 millones, una partida que sufrió leves recortes durante los dos últimos años.
Con los números en las manos parece inviable cualquier afán reformador que se quiera poner en marcha en nuestra justicia, hoy un departamento de segunda fila que no cuenta con el apoyo del Ejecutivo.
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