La Justicia en España ha sido tradicionalmente la cenicienta en los Presupuestos Generales del Estado. La crisis, contrariamente a lo ocurrido en la mayoría de los países europeos, no hizo más que agravar el problema. Si en 43 de los 47 Estados que integran el Consejo de Europa los presupuestos se han incrementado a lo largo de estos años, en España, Grecia, Irlanda, Polonia y Chipre se redujeron, según refleja el último informe bianual de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ).
El caso español es especialmente relevante, ya que si en cifras absolutas el presupuesto bajó de 4.632 millones en el 2010 a 4.111 millones en el 2012, en el gasto por habitante -32,4 euros, (el 0,9 del producto interior bruto)- nuestro país ocupa el puesto 22 de los 27 países de la Unión Europea, cuya media está en 42,6 euros -el 2,2% del PIB-.
Con esta precariedad de recursos, el sistema judicial español hizo frente en el 2012 a 3.828 nuevos asuntos que ingresaron en los juzgados por cada 100.000 habitantes y resolvieron 3.814, mientras la media de los 47 países estudiados fue 2.492 nuevos asuntos y 2.466 resueltos.
La productividad del sistema judicial español está muy por encima de la media europea, y supera con creces la media de los países de nuestro entorno. ¿Cómo lo logran? Todos los consultados al respecto coinciden en que es a costa del sobreesfuerzo personal de todos los operadores jurídicos.
