Así lo refleja el último Índice de la Opinión Pública realizado por Simple Lógica sobre la "aceptación y las expectativas" de la Ley de tasas judiciales a 1.009 entrevistados entre el 3 y el 11 de diciembre. La norma entró en vigor en noviembre, aunque el cobro no se hizo efectivo hasta casi un mes después por la falta de la orden ministerial que debía regular los modelos de autoliquidación.
La opinión mayoritaria entre los ciudadanos críticos con las nuevas tarifas es generalizada si se atiende a los distintos segmentos de población, no observándose diferencias significativas respecto al sexo, la edad o la clase social de los entrevistados.
