martes, 10 de julio de 2012

STAJ rechaza los privilegios que Gallardón pretende para los Secretarios Judiciales

El ministro Gallardón ha creado un gran obstáculo para la negociación con los sindicatos en la Mesa Sectorial: el horario de los secretarios judiciales. Su propuesta de 25 horas semanales ha provocado en STAJ «perplejidad y rechazo», y ya ha anunciado lo que sucederá el miércoles de mantenerse: «Nos levantaremos de la Mesa sin negociar».

Según Emilia Rubio, del STAJ, por una parte se está pidiendo más implicación a todos los integrantes de las oficinas judiciales en la consecución de objetivos comunes y para que la Justicia de este país dé ejemplo y se adapte a los tiempos difíciles, mientras que por otra se permite que un grupo de funcionarios «no cumpla con sus obligaciones horarias o las cumpla de forma relajada y ficticia en su domicilio, y se mantiene la productividad cuya regulación aprobó el Gobierno anterior en su última etapa y que se les abona para la realización de unas tareas cuya materialización en la práctica también corresponde al resto de funcionarios de los juzgados y tribunales».

Rubio rebate esas funciones directivas que Justicia arroga a los secretarios para razonar su exclusión del calendario laboral homogéneo: «La inmensa mayoría de las resoluciones que teóricamente dictan los secretarios judiciales no requieren un estudio tal que no pueda realizarse en los propios despachos, siendo mucho más compleja la redacción de las resoluciones que la mera labor decisoria que en teoría les corresponde y que cuando se realiza efectivamente siempre viene precedida de las dación de cuenta por parte del funcionario correspondiente, al tiempo que esa función de redacción suele ser siempre mucho más compleja, tratándose de resoluciones competencia de los secretarios, pero también del funcionario del cuerpo de gestión o incluso del cuerpo de tramitación». Es decir, que siempre abarca a la total maquinaria de la Justicia sin necesidad de hacer diferencias en sus horarios.

«No podemos aceptar este trato privilegiado hacia un cuerpo de funcionarios al que se pretende erigir en una suerte de elite funcionarial sin mayor justificación», esgrime.