La supresión de un 30% de concejales anunciado por Rajoy en el Congreso de los Diputados, supone un anuncio tremendamente ambiguo y falto de concreción ya que no deja claro si afectará directamente al número de concejales o sobre si se trata de una medida sobre el coste de esos concejales.
Existen dos opciones de implantación de la propuesta de Rajoy que afecta al recorte del 30% de los concejales. Una primera opción, supondría la implantación inmediata de la propuesta, eliminando a ese 30% de concejales. Ésta vía se entiende por expertos consultados como anticonstitucional, ya que los cargos públicos son elegidos democráticamente y su elección se realizó en las pasadas elecciones autonómicas de 2011.
La segunda vía de implantación de estos recortes sería su posposición hasta 2015, lo que supondría una incongruencia con el discurso de “necesidad de puesta en práctica inmediata” dictado por el Gobierno. Además, los partidos minoritarios necesitarían muchos más votos para tener representación en la Concejalía, lo que solidificaría el bipartidismo en favor de los partidos más grandes.
La implantación de los nuevos baremos también supondría el reconocimiento del derecho a cobro de todos los concejales, incluidos los que actualmente no cobran, puesto que la determinación de sueldos en una tabla “salarial” de los concejales no podría integrar la existencia de exclusiones, ya que sería discriminatorio y por tanto inconstitucional. De esa forma, el ahorro que se pretende se evaporaría, e incluso tendríamos que pagar más.
