El Gobierno decidió el viernes optar por la “estabilidad institucional” frente al programa electoral con el que concurrió a las elecciones y a uno de los anuncios estrella del propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acerca de la despolitización en la elección de los doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deben proceder de la carrera.
Ya no se mantiene que su designación volverá a darse por y entre los jueces -aunque sigan aspirando a ello, como se insiste desde el Ejecutivo-, sino que, tal y como explicó Gallardón, se condiciona al “máximo consenso parlamentario” posible. No quieren “que se siga debilitando la imagen de la institución con una batalla política más” tras la ‘crisis Dívar’ y entienden que la misma estaría servida con su propuesta inicial sobre el CGPJ, tal y como reconocen con gravedad en el Gobierno.
De esta forma, se buscará “un pacto de Estado” y asumen una probable rebaja del número de vocales que vuelvan a ser elegidos por y entre los jueces en lugar del Parlamento -respecto a lo anunciado-.
