La mayoría de comunidades autónomas han reaccionado ya a las declaraciones hechas por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien sostuvo que fue un error traspasar las competencias en materia de Justicia a las comunidades autónomas y se mostró partidario de devolverlas al Estado. La mayor parte de ellas lo han hecho con recelo.
El Gobierno de Cantabria no va a dejar de asumir sus competencias en materia de Justicia ni va a renunciar a ellas, aunque reconoce que el traspaso se hizo con "precipitación" y "cierto tonillo electoralista" y no estuvo "suficientemente" dotado. Así lo ha afirmado el presidente regional, Ignacio Diego.
Diego ha considerado "adecuado y oportuno" que alguien "del nivel de cualificación" del fiscal general del Estado proponga abrir un debate, porque es "bueno hacer análisis". Pero ha señalado que Cantabria, pese a la falta de dotación adecuada de la transferencia, no va a dejar de asumir esa responsabilidad, "ni mucho menos", ni va a renunciar a ella.
