El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretende que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abandonen su actual “dedicación absoluta” y, en el caso de los jueces y magistrados, regresen “a sus respectivos tribunales y estén en contacto con la calle”. Tanto es así, que la idea en la que trabaja el Ejecutivo es que “sólo cobren los cinco miembros de su Comisión Permanente”. El resto de vocales del Consejo, añaden las mismas fuentes, “cobrarían las dietas por los Plenos a los que asistan o los trabajos que desempeñen, pero nada más”.
De esta forma, Gallardón da otra vuelta de tuerca a su anunciada reforma del CGPJ, que, sobre todo, destaca por la despolitización que pretende mediante el mecanismo de elección de sus miembros (volviendo al sistema anterior a 1985). Así, en lugar de que 12 de los 20 vocales del CGPJ del cupo de jueces y magistrados sean designados por el Parlamento -de entre los 36 candidatos que presentaban las asociaciones de la carrera-, serán elegidos por los propios jueces sin mediación política alguna. Posteriormente, al igual que antes, serían nombrados por el Rey.
El resto de componentes de este órgano constitucional lo configuran otros ocho vocales, juristas “de reconocido prestigio”, y su presidente, hoy Carlos Dívar -elegido por el Pleno del CGPJ en su sesión constitutiva-, a su vez máxima autoridad del Tribunal Supremo. El Gobierno del Partido Popular aspira a que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se presente en el Congreso de los Diputados antes de septiembre del año que viene, precisamente cuando vence el mandato del actual Consejo.
