La Junta de Castilla y León exigirá 30 millones de euros más y cláusulas de garantías para sentarse a negociar con el Gobierno el traspaso de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia a la Comunidad Autónoma, pendiente desde hace más de diez años. Esta es la propuesta que lleva el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, con quien se reunirá mañana lunes 26 de marzo, y al que llevará la propuesta de Comunidad, fijada en el Pacto por la Justicia.
“No queremos seguir mareando la pérdiz ni que nos transfieran déficit”, sentenció, en referencia a que planteará el Pacto por la Justicia para, a partir de ahí, sentarse a negociar, si bien recordó que en este momento les separan 30 millones en la propuesta de valoración del coste efectivo. “Queremos la competencia, aunque sabemos que no es el mejor momento para negociar, ni para la Junta ni para el Gobierno”, resumió.
Los firmantes del Pacto por la Justicia fueron la Junta de Castilla y León, Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Abogados de Castilla y León, Procuradores de los Tribunales de Castilla y León, Notarios y Registradores de la Propiedad de la Comunidad. Los cuatro sindicatos representantes de los funcionarios de Justicia, -UGT, CCOO, STAJ y CSIF- no se adhirieron a la firma.
