El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha anunciado que el Gobierno autonómico está trabajando en la normativa regional para establecer los precios públicos por los servicios periciales de valoración extrajudicial de daños y perjuicios en accidentes de tráfico, que realiza el Instituto de Medicina Legal (IML) de Cantabria.
La norma fijará las cuantías y precios públicos a nivel regional por cada pericia e informe, de acuerdo a los cambios en la legislación estatal relativos al sistema de valoración de los daños y perjuicios en accidente de tráfico.
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STAJ, con independencia de la opinión que le merezca la nueva normativa estatal, de la que ya se informó en su momento con ocasión de la negociación que tuvo lugar en ámbito Ministerio, exige que se aproveche para que lo que pueda recaudarse por esa vía revierta en la mejora del servicio público; aunque legalmente no se pueda hacer de forma directa, sí que es argumento para que en los presupuestos se destine una partida mayor destinada precisamente a mejorar el IML.
También exigimos desde STAJ que las posibles incidencias que pueda suponer la tramitación de las solicitudes y las emisiones de los correspondientes informes periciales, sean oportunamente negociadas en cuanto pudieran afectar a las condiciones de trabajo tanto del personal de la secretaría del IML como, por supuesto, de los médicos forenses.
