La Asociación Profesional de Registradores (APR) ha mostrado su oposición a la futura reorganización de los registros por contener "aspectos lesivos" para el servicio público y la función registral y ha anunciado su voluntad de acudir a los tribunales si el Gobierno los mantiene.
La asociación ha mostrado su descontento y se ha expresado así en un comunicado a propósito de la posible agrupación "forzosa" de registros y el traslado "forzoso" de muchos registradores, a pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, les va a dar el negocio del Registro Civil.
La organización ha rechazado un proyecto de demarcación que implica un "cambio sustancial" en el modo de ejercer la profesión y que no tiene "beneficio alguno para la sociedad española ni para la función registral y con graves perjuicios para las estructuras laborales de los Registros".
