Representantes del Ministerio y de CSIF, STAJ y UGT seguimos analizando en estos días los detalles para elevar a definitivo el Preacuerdo alcanzado en el mes de julio, del que se autoexcluyeron otras organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial de Justicia. Ese preacuerdo establecía que sería elevado a definitivo con la plasmación en la nueva LOPJ de todos los aspectos recogidos en el mismo antes de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de LOPJ y de su remisión al Congreso.
Algunos siguen en su particular y falsa "cruzada" contra el preacuerdo cuando la realidad es que con este texto, a falta de confirmar su redacción definitiva en la LOPJ, se salvaguardan los derechos de los funcionarios de Justicia volviendo a la situación vigente hasta ahora, que el Anteproyecto en su redacción original presentada al inicio de la negociación se cargaba por completo. Y si finalmente no llegara a contemplarse el contenido del preacuerdo no se firmará acuerdo alguno porque ese es un punto clave de todo este proceso. Si está todo en orden se firma; si hay maniobras raras no se firmará y, entonces, agotada la negociación, se abrirá la puerta de la movilización.
Y es una falsa cruzada porque, en el fondo, estos que critican tanto, saben que con independencia de que todo es mejorable, el contenido del preacuerdo pone pie en pared en la defensa de los derechos de los funcionarios de Justicia, parando al núcleo esencial de la reforma de Gallardón y, sobre todo, salvaguardando los derechos e intereses de los funcionarios de Justicia que es lo único que nos importa a las organizaciones sindicales que firmamos ese preacuerdo. Por esta razón y con ese objetivo seguimos analizando el texto final de la LOPJ y por el mismo motivo y porque el acuerdo no incluye paz social alguna por muchos fantasmas que algunos quieran ver en la firma, seguiremos reivindicando la gestión del Registro civil para funcionarios de Justicia, el mantenimiento de todos sus puestos de trabajo y la recuperación de TODOS y cada uno de los derechos arrebatados injustamente desde el año 2010 por los sucesivos Gobiernos.
