En España, el artículo 88 del Código Penal recoge la posibilidad de conmutar la pena de prisión de hasta dos años por Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). Pero el problema, incluso tras varias reformas, sigue estando en el número de plazas disponibles para los condenados. Tanto, que la medida impuesta al infractor a veces prescribe antes de llegar a ejecutarse.
"La pena de TBC se ha aplicado fundamentalmente a delitos menores de violencia de género y delitos de seguridad vial porque estos están directamente previstos en el código", cuenta José Angel Brandariz, profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Coruña y experto en TBC. Para los otros cinco grupos de delitos previstos, se suele utilizar más tras el impago de la multa -como alternativa- o a propuesta del condenado si quiere evitar ir a la cárcel por un pequeño hurto o reyerta, daño en el mobiliario urbano o maltrato animal.
De hecho, según el pefil estadístico de Instituciones Penitenciarias publicado en 2010, el 76% de los penados cumplía la condena por delitos contra la seguridad vial y el 13,5% por violencia de género. Solo un pequeño 10,5% era el porcentaje total de cumplimiento para el resto de delitos. Sin embargo, estos dos delitos con pena de TBC directa son precisamente los "delitos estrella" del sistema judicial español: los dos juntos suponen en torno al 50% de los casos que se sentencian en el sistema penal español.