Sindicatos y empleados públicos de Justicia no salen de su asombro tras la aprobación el viernes por el Gobierno de atribuir la competencia del Registro Civil, a partir del 1 de julio del año que viene, a los registradores de la propiedad y mercantiles (que dicen que no lo quieren), una medida contra la que llevan protestando todo el año y que no esperaban que se produjera de esta manera.
"Ha sido un auténtico decretazo, al estilo Gallardón", opina Carmen Romero, de STAJ. "El real decreto se ha impuesto sin ninguna negociación con los representantes de los trabajadores ni tiene en cuenta los derechos de la ciudadanía que deben acudir a los registros de forma obligatoria", añade.
STAJ afirma que "se opondrá por todos los medios a esta privatización del sector público, que compromete miles de plazas de funcionarios de Justicia". "El ministro de Justicia y el Gobierno que lo sustenta vulnera el derecho a la negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia que actualmente tienen encomendada esa función", indica.
Desde STAJ también se apela al hecho de que "las movilizaciones contra esa privatización deberán retomarse con más contundencia que nunca sin descartar la convocatoria de huelga".
