En la reunión informativa que sobre el Registro Civil se celebró el día 15 de julio en el Ministerio con STAJ y el resto de sindicatos representativos del sector, el Subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, explicó a las organizaciones sindicales los motivos que han llevado al Gobierno a encomendar la gestión y llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, en lugar de a otros funcionarios (no de Justicia) como estaba previsto en la Ley de 2011 y cuya entrada en vigor ha sido prorrogada un año más (que se añade a los tres de "vacatio legis" que ya ha tenido).
STAJ ha reprochado al Gobierno su absoluta falta de transparencia y su falta de respeto hacia los trabajadores, por no haber ni siquiera hablado con los sindicatos sobre sus intenciones respecto al Registro Civil, de las que nos hemos enterado siempre a través de terceras personas.
STAJ siempre se opuso a la Ley de 2011, pues abogamos antes y ahora por el mantenimiento del Registro Civil como un servicio de la Administración de Justicia, y continuará luchando por ello para intentar parar por otras vías esta privatización, así como intensificando las movilizaciones, sin descartar la convocatoria de huelga. El Ministerio no tiene asegurada la "paz social", ni mucho menos.