La Ley 20/2011 del Registro Civil, aprobada por el anterior gobierno, desjudicializaba el Registro Civil, pero sin determinar qué funcionario se haría cargo de ello. Finalmente, el ministro de Justicia ha anunciado que se encomendará a los Registradores Mercantiles, que pasarán a denominarse Registradores Civiles y Mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.
El Ejecutivo se ha decantado definitivamente por este colectivo frente a los Registradores de la Propiedad o los Secretarios Judiciales por tres razones principales: Su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio, la gratuidad de los trámites para los ciudadanos, según explica Justicia.
Respecto de estas razones que argumenta el Ministerio cabe señalar que:
- Si bien es cierto que los Registradores Mercantiles tienen como función registrar, ni la naturaleza de los datos registrados, ni el procedimiento que se sigue en este registro guarda relación con las funciones del Registro Civil. ¿Qué experiencia tiene un registrador mercantil en la tramitación de un expediente de nacionalidad, expediente de matrimonio, celebración de una boda? Ninguna, absolutamente ninguna, puesto que son hechos y procedimientos registrales totalmente distintos.
Por lo tanto desde el Ministerio se miente una vez más cuando se asegura que tiene experiencia en funciones registrales del tipo que se realizan en el Registro Civil. No es cierto. Además, si lo que pretende el ministro es experiencia, ¿Quién tiene más experiencia que los propios funcionarios de Justicia, que lo llevamos haciendo toda la vida?
- Respecto de la inversión de la creación de la plataforma digital, señalar que no hace mucho tiempo se implantó en los registros civiles el sistema "inforeg" y la digitalización de las inscripciones registrales. Esa inversión ya está hecha en gran medida y pagada con dinero público, y ahora resulta que una vez hecha la inversión a cuenta del erario público, se otorga el "negocio" a un colectivo ajeno a la Administración de Justicia para que se pueda lucrar.
Instamos a que sea el propio Ministerio quien realice las inversiones necesarias, como ha venido haciéndolo hasta ahora, para avanzar hacia el Registro Civil electrónico en todos los registros civiles de España y que se dé la oportunidad a los funcionarios de Justicia de seguir llevando el Registro Civil con más y mejores medios, lo que sin duda redundará en una mejora de la calidad del servicio, mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos, sin necesidad de entregar el Registro Civil a otros colectivos.
- El Ministerio asegura que los trámites seguirán siendo gratuitos. Pues bien, conviene señalar que los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos, incluso dependen del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero estos funcionarios no cobran un salario como el resto de los funcionarios de Justicia, sino que cobran por arancel (una especie de comisión a los clientes), por lo tanto su forma de retribución es imposible compaginarla con la gratuidad a la que se refiere el ministro. Resulta harto difícil de creer que los gastos derivados de la llevanza del Registro Civil los vayan a asumir los Registradores Mercantiles de su propio bolsillo a cuenta de los beneficios de las otras actividades que desarrollan.
Por lo tanto, es posible que con el paso del tiempo SÍ se acaben cobrando tasas o aranceles, y llegados a ese punto, ¿Por qué esas tasas o aranceles no se cobran ahora y que ese dinero recaudado vaya destinado a seguir mejorando los medios del Registro Civil dentro de la Administración de Justicia, servido por funcionarios de Justicia, como lo es ahora? Pues muy sencillo, porque lo que se pretende no es mejorar el servicio dentro de la Administración de Justicia, sino dar el "negocio" a otros colectivos.
No obstante, cabe la posibilidad de que sí sean gratuitos sin cobrar tasas o arancel, y es destinando todos los años una partida de los Presupuestos Generales del Estado (dinero de los impuestos que pagamos todos) para abonar a los Registradores Mercantiles sus nuevas tareas del Registro Civil. Nos tememos que es lo que va a ocurrir.
