STAJ, junto con CSIF y UGT (CCOO se empeña en ir por libre), nos hemos reunido el pasado miércoles con la Defensora del Pueblo para exponerle nuestra posición respecto a la privatización del Registro Civil que el Gobierno ya ha puesto en marcha tras la aprobación del "decreto ómnibus".
Desde STAJ planteamos a la Defensora del Pueblo en primer lugar que conocíamos las quejas de los ciudadanos por el funcionamiento de este servicio, pero le dejamos claro que esas quejas tienen su origen en la falta de medios con que cuenta el Registro Civil, cuestión imputable exclusivamente a los responsables políticos encargados de la gestión de sus medios materiales y humanos. Los funcionarios de Justicia, muy al contrario, lo que hemos venido haciendo ha sido paliar con nuestro trabajo y dedicación sus inaceptables deficiencias.
También transmitimos a la Defensora del Pueblo que el carácter gratuito del Registro Civil difícilmente va a poder garantizarse por mucho que lo diga el Ministerio, porque los Registradores Mercantiles, ineludiblemente, tendrán que hacer frente a su coste (personal y material), por lo que de alguna manera, ya sea mediante incremento de los aranceles, mediante tasas, mediante subvenciones o directamente de los presupuestos generales del Estado, tendrá que ser financiado, por lo que seremos los ciudadanos quienes lo financiemos de forma directa o indirecta.
En este sentido, ya le informamos que el proyecto de Ley de Nacionalidad de los Sefardíes ya prevé una tasa de 75 euros para los trámites de nacionalidad de este colectivo. No hay tampoco que olvidar los expedientes de matrimonio, que si se realizan por los notarios, tendrán también aranceles. La gratuidad, por tanto, es muy difícil por no decir imposible, y así lo vio también la Defensora del Pueblo.
También le dijimos que con esta medida se perderían miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, porque el Ministerio tampoco es capaz de garantizar esas plazas, ni siquiera en su ámbito, por mucho que diga que lo hará.
