Las comunidades autónomas han rechazado de forma unánime la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la parte de la recaudación de las nuevas tasas judiciales que irá destinada a financiar la justicia gratuita, así como la mayoría se ha opuesto también a la nueva demarcación y planta judicial que el Gobierno ha puesto sobre la mesa.
Así lo han puesto de manifiesto consejeros de todo signo político tras la Conferencia Sectorial de Justicia. El reparto de los fondos obtenidos por las nuevas tasas judiciales ha sido el asunto más polémico de la reunión, ya que las comunidades se oponen a la propuesta de Justicia de traspasar a las comunidades los fondos necesarios para financiar el coste de los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita.
El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid ha adelantado que, si el Gobierno no modifica su propuesta, podrían llegar a pedir la derogación de la ley de tasas, que quedaría como un instrumento "meramente recaudatorio" y no ayudaría a convertir a la justicia en el servicio público esencial que merecen los ciudadanos.
También una buena parte de las comunidades se han opuesto a la nueva ley de demarcación y planta judicial en la que trabaja el Gobierno, que supondrá una reorganización del mapa judicial y que, según el consejero de Aragón, ha sido planteada pensando sólo "en las grandes urbes con la población concentrada" y no ha tenido en cuenta la diversidad territorial de otras comunidades.
