La privatización del Registro Civil, prevista para completarse definitivamente el 15 de junio de 2015, sigue su curso entre las protestas de los funcionarios y también de los Registradores. La Asociación Profesional de Registradores (APR) ha mostrado su oposición a la futura reorganización de los registros por contener "aspectos lesivos" para el servicio público y la función registral y ha anunciado su intención de acudir a los tribunales contra la decisión del Ejecutivo.
El nuevo ministro de Justicia ha dado un lavado de cara completo a la Dirección General de los Registros y el Notariado y ha cesado al "número uno" y al "número dos" de este departamento. Hasta 30 personas han dejado también sus puestos, la mayoría registradores que estaban en comisión de servicios en la dirección general. Entre ellos, Javier Angulo, que formó parte del equipo que recibió el encargo de Justicia de desbloquear el colapso que que en el Ministerio provocaba la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Un encargo que levantó polémicas y suspicacias por los intereses que Angulo había tenido en una empresa privada que se benefició en la tramitación de esos expedientes.