Los jueces y fiscales ponen de manifiesto la importancia de evitar "inaceptables injerencias" del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial y reclaman un incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea.
También consideran necesaria la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción y el refuerzo especial de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas relacionadas con la corrupción.
Otro de los puntos que proponen es la instauración de un nuevo modelo procesal penal, "apto y eficaz" para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
