Cantabria se convirtió el pasado julio en la primera comunidad autónoma española en contar con un órgano judicial específico para atender las demandas de los afectados por las participaciones preferentes, que comenzó a funcionar como medida de refuerzo el día 12 en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander, que se encargará de atender estas demandas.
En dos semanas, durante la segunda quincena del mes de julio, registró 136 demandas. Suponen prácticamente la mitad de todos los procedimientos judiciales relativos a preferentes y otros productos financieros registrados en el primer semestre del año en el Decanato de Santander, que ascendieron a 321.
Se trata de una "avalancha", aunque "se esperaba", si se tiene en cuenta la evolución en los últimos meses.