De todas las virtudes que pueden adornar a los juristas es la llamada "fe en la justicia" una de las más incomprensibles, por lo menos en España. La fe, esa "certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve" (Heb 11:1), aplicada a la justicia en España, pierde su naturaleza de virtud para elevarse hasta la categoría de milagro. Porque en España no es que la justicia no se vea, es que lo que se ve es un plan predeterminado para acabar con la poca que hay.
Yo, que soy jurista, aún no he apostatado de esa fe aunque, ustedes me entenderán, tener fe en la justicia para nada significa tener fe en su ministro, por lo menos en el actual. Por eso, cuando oigo hablar de cifras a Gallardón, enciendo inmediatamente la calculadora. Porque no le creo.
Ayer, en El Escorial, el ministro, con su seguridad habitual, se despachó afirmando que "esta vez sí haremos la reforma de la justicia" y en apoyo de sus tesis ofreció una serie de cifras, falsas unas, discutibles otras e incongruentes las demás. Valga este pequeño ejemplo:
Afirmó el ministro que un proceso judicial cuesta al erario público unos 1.300 euros, afirmación esta que me llevó inmediatamente a hacer una pequeña operación aritmética: Si según el CGPJ se tramitaron en 2012 casi nueve millones de asuntos (8.974.175) y el presupuesto del Ministerio de Justicia ese año fue de 1698,23 millones de euros el coste medio del proceso sale a... 189,23 euros, casi siete veces menos de lo dicho por el ministro. ¡Ah! perdón, "olvidé" adicionar lo que invierten en justicia las comunidades autónomas y el CGPJ... Repitamos la operación. El estado (incluídas comunidades autónomas) gastó en 2012 más de tres mil setecientos millones de euros (3.722.715.019) por lo que, si lo dividimos entre los ocho millones de asuntos tramitados salen... ¡¡¡414,82 euros!!! Curioso.
Pues bien, con los datos oficiales, el coste medio de cada procedimiento no son los 1.300 euros que dice el ministro sino tres veces menos, unos 414,82 euros. Y, así las cosas, el problema ya no es que el ministro falte a la verdad sino que cobrar 800 euros de "tasa" por cada apelación civil es tanto como cobrar el doble de su coste real. El ministro, al parecer, ha encontrado el plan empresarial perfecto: Si la justicia se vende cara la injusticia resulta un magnífico negocio.
